Columna/ El país condenado a cumplir los acuerdos con las Farc

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Durante los últimos años el Gobierno ha vendido la idea de que el acuerdo de paz con las Farc pone fin a medio siglo de conflicto armado en Colombia, sin embargo, el Acto legislativo que da Seguridad y Estabilidad Jurídica al Acuerdo con las Farc, somete al país a una condena de 12 años, cuyos efectos nefastos podrían prolongarse indefinidamente en el tiempo.

Y es que esta iniciativa es un ataque directo a la democracia participativa, el voto y la voluntad popular, principios que han sido llamados “ejes definitorios de la Constitución”.

Además de desconocer el voto ciudadano del 2 de octubre, el Gobierno decidió implementar un Acuerdo al que el pueblo le dio la espalda y ahora presenta un nuevo Acto Legislativo que pretende que desde el 2018 y hasta el 2030, ningún Gobierno pueda cambiar o modificar el contenido del acuerdo firmado con el grupo narcoterrorista de las Farc.

Si bien para el Ejecutivo esta norma blinda el acuerdo de paz, al tiempo fractura el Estado Social de Derecho. Con este proyecto, la democracia participativa que procura otorgarle al ciudadano la certidumbre de que no será excluido del debate público, del análisis, de la resolución de los factores que inciden en su vida diaria, de los procesos políticos y de las decisiones del Gobierno, se va a la basura.

Del mismo modo, este Acto Legislativo vulnera la Constitución en relación a la implementación especial que pretende del Acuerdo Final en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, puesto que la ratificación e implementación en estas materias ya tienen un procedimiento previamente establecido en el ordenamiento constitucional que se pretende omitir.

Adicionalmente, el proyecto desconoce el principio de “pesos y contrapesos”, consistente en limitar el alcance del poder que ejerce cada órgano de las ramas del poder público y, por ende, restringir su indebida injerencia sobre la actividad de la otra rama.

Con este proyecto las Farc, mediante el Congreso, le fija un límite funcional a los próximos tres presidentes vulnerando esa división de poderes que debe existir en un modelo presidencial democrático.

Un aspecto adicional, que también resulta quebrantado, son los parámetros que empleará la Corte Constitucional para ejercer el control de constitucionalidad, ya que ahora deberán obedecer a una serie de “contenidos, compromisos, espíritu y principios del Acuerdo de Paz”.

El acuerdo desconoce, como lo hemos demostrado, normas y tratados de Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos, que sí han sido debidamente ratificados por Colombia, ejemplo de ello es la ley de  amnistía e indulto que se aprobó y que garantiza impunidad a los máximos responsables de delitos atroces y que contempló el narcotráfico como delito conexo.

En este escenario solo resta por afirmar que al pueblo no se le puede imponer un nuevo orden constitucional, y que si él desea reestablecerlo existen mecanismos como la Asamblea Nacional Constituyente o el referendo en los que no podrá ser limitado por la inclusión de estas “Clausulas Pétreas” que pretende el Gobierno de Santos.

By | 2018-01-04T20:55:54+00:00 Marzo 16th, 2017|Noticias, Opinión|